La directiva Bolkestein y las consecuencias en el turismo

El camino de hacer más sencillo el conjunto de leyes que rigen el turismo en la Unión Europea, no ha conseguido contentar a todos los implicados en la industria. Para poner en la práctica la directiva, España modificó en 2009 varios aspectos económicos en lo que se conoció como “Ley Paraguas”.

Al igual que con la moneda única, las instituciones comunitarias pretendían dar pasos hacia el mercado único. Las empresas europeas podrían establecerse en otros países miembros sin necesidad de tanta burocracia y autorizaciones propias de cada frontera.

Una de las partes más polémicas de la liberalización del sector servicios fue el principio del “país de origen”. Significa que las empresas que se desplazaran a trabajar a otro Estado miembro, seguirían aplicando sus propias normas para simplificar los trámites, siempre que se respetaran las leyes sobre salario mínimo, vacaciones pagadas o las relativas a la salud y seguridad del trabajador, del país de destino.

Los sindicatos se posicionaron en contra por el riesgo de que se produjera “dumping social” (explotación de empleados para que los productos o los servicios que ofrecen tengan precios muy bajos y los empresarios se benefician de la falta o poca legislación laboral que exista en el país de destino). Un ejemplo es al escoger alojamiento en Albacete y ver las propuestas marcadas.

Una empresa de Letonia se aprovechó de las condiciones sobre salario mínimo en Suecia (país donde los sueldos base se fijan por un convenio establecido entre empresas y sindicatos) y pagaba a sus trabajadores mucho menos que lo que cobrarían siguiendo el acuerdo que rige el mercado laboral sueco. El asunto acabó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que basándose en la directiva Bolkestein dio la razón a la compañía letona. Después de una enmienda en el Parlamento Europeo, para evitar más problemas de este estilo, se eliminó este principio.

Las agencias de viaje han salido beneficiadas con la oportunidad de expandirse a otros países, pero perjudicada por la entrada de otras empresas o personas que se quieran dedicar a la organización y venta de viajes sueltos. Se les ha eliminado el derecho exclusivo para realizar estas funciones porque no hace falta conformarse como sociedad mercantil para hacerlo, porque las comunidades autónomas ya sólo necesitan una comunicación previa, no una licencia. Les ha quedado la potestad para vender los itinerarios combinados.

Por tanto, medida buena para los emprendedores que deseen montar nuevos negocios, pero también puerta para los intrusos y la competencia desleal (se han producido varios casos de empresas que ofrecen los servicios que no les está permitido), además del riesgo de que baje la categoría del turismo español, por la inclusión en el sector de personas no cualificadas.
Aún tanto autonomías como ayuntamientos siguen modificando sus normas para hacer efectiva la directiva, de hecho, algunas empresas desconocían hasta hace poco lo que la normativa significa para su actividad.